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Publicado: Martes 18 de mayo de 2021 a las 14:46 hrs.
Prieto Abogados designó a Alejandra Bañados y Agustín Martorell como directores del área Corporativa e Inmobiliaria y Ambiental respectivamente.
“Este es un reconocimiento a la carrera que ambos han desarrollado en Prieto, tanto Alejandra como Agustín, cuentan con gran capacidad para liderar equipos de trabajo y potenciar las diferentes áreas de especialización en las que han trabajado durante los últimos años”, explica Benjamín Grebe, socio y miembro del directorio del estudio.
Alejandra Bañados, cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en Prieto, asesorando a clientes nacionales y extranjeros en asuntos Corporativos e Inmobiliarios. Es abogada de la Pontificia Universidad Católica (2010) y el 2013 realizó un Diplomado en Derecho de la Construcción en Melbourne, Australia.
Agustín Martorell lidera el área Ambiental y Regulatoria de Prieto desde 2018, asesorando clientes en el desarrollo de proyectos de diversa naturaleza, representando empresas ante organismos públicos en la obtención de permisos, procedimientos administrativos sancionatorios, juicios en Tribunales Ambientales, entre otros. Es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez (2011), Máster en Derecho de Energía y Recursos Naturales de la Universidad de Melbourne, Australia (2015) y Diplomado en Derecho Público Económico en la Universidad de Chile (2013).
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.