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Publicado: Martes 4 de mayo de 2021 a las 19:16 hrs.
Los abogados Manuel Alcalde, Francisco Arce y Fernando Noriega fueron promovidos a socios de Carey. De esta forma, la firma de más de 270 profesionales en su área legal cuenta con 37 socios.
Manuel Alcalde forma parte del grupo Tributario y centra su práctica en estructuración de negocios corporativos, personales y familiares, consultoría tributaria local e internacional, fusiones y adquisiciones, financiamiento de proyectos, operaciones transfronterizas y litigación tributaria.
Trabaja en Carey desde el año 2006. En el año 2014 se desempeñó como asociado extranjero en el estudio Linklaters, en Nueva York, y desde 2018 hasta febrero de este año se desempeñó como Coordinador de Política Tributaria en el Ministerio de Hacienda.
Francisco Arce forma parte del grupo Laboral y enfoca su práctica en la asesoría integral a empleadores en materias laborales ya sea de orden corporativo, contractual, sindical, negociaciones colectivas y litigios. Estudió Derecho en la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un Diplomado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Empresa de la Universidad Católica (2008) y realizó un Máster en Derecho Laboral en la Universidad Adolfo Ibáñez (2012).
Fernando Noriega forma parte del grupo Bancario Financiero, y centra su práctica principalmente en derecho bancario, operaciones de crédito, financiamiento de proyectos, así como en la emisión de títulos de deuda corporativa, mercado de valores e inversión extranjera.
Entre los años 2015 y 2016, Fernando trabajó como asociado extranjero en el estudio White & Case, en Nueva York. Es autor y coautor de diversas publicaciones relacionadas a Banca y Finanzas a nivel local y global.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.