El juez Daniel Urrutia del VII Juzgado de Garantía de Santiago rechazó hoy las medidas cautelares de prisión preventiva y arresto domiciliario para los ocho imputados del caso tsunami acusados de cuasidelito de homicidio por los hechos ocurridos durante la madrugada del 27 de febrero de 2010.
Según el magistrado, las medidas cautelares solicitadas por el abogado querellante Raúl Meza, no procedían por lo que dictaminó arraigo nacional y firma mensual para Carmen Fernández, Patricio Rosende, Osvaldo Malfanti, Andrés Enríquez, Johaziel Jamett, Mariano Rojas, Carlos Aranda Zapata y Mario Andina.
El juez decretó también un plazo de investigación de siete meses tras los cuatro días de presentación de antecedentes en el marco de la formalización de los ocho imputados.
"Hay que dejar claro que esta resolución no es acerca del fondo, el que será visto en su oportunidad procesal el juicio oral", explicó el magistrado durante la audiencia.
Reacciones dispares
Según el abogado de Carmen Fernández, Luciano Foullioux, "el tribunal desestimó las otras dos cautelares (...) tenemos que ver el alcance de la carpeta y queda mucho para el juicio oral todavía".
Samuel Donoso, abogado de Patricio Rosende, aseguró que "vamos a insistir en lo que ha sido nuestra línea argumental y que básicamente a que Patricio Rosende ejerció esa triste madrugada el rol de autoridad y que en consecuencia él no era especialista ni técnico. No tenía una opción distinta a la que él hizo, que fue atenerse a lo que los organismos técnicos, el Shoa y la Onemi, le recomendaban".
Por su parte, el abogado querellante, Alfredo Morgado agregó que "el tribunal ha resuelto en sentido que se encuentra justificada la existencia de cuasidelito y presunción de participación y esto es el inicio que permitirá, en su oportunidad, realizar nuevas formalizaciones".
Por último el otro querellante, Raúl Meza, explicó que "aquí estaba en juego el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, por lo tanto claramente el arraigo nacional no costituye ni en parte ni proporcionalmente al daño causado a las familias y en ese sentido el magistrado debío hacerse cargo, cosa que no hizo en su resolución, de la extensión del mal causado".
Meza adelantó que van a estudiar los argumentos expuestos y no descartó recurrir a la Corte Suprema en búsqueda de la prisión preventiva.
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