Economía y Política
El debate que se viene en el Congreso para regular la actividad del lobby en Chile
La discusión legislativa también podría dar paso a una polémica más compleja: si los mails de las autoridades públicas deben incorporarse en los registros de las audiencias que deberán llevar.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 30 de abril de 2012 a las 05:00 hrs.
Por ángela Chávez Molina
Aún cuando el gobierno no ha ingresado la indicación sustitutiva para retomar la discusión del proyecto de ley que busca regular la actividad del lobby en nuetro país -lo que sucedería dentro de las próximas semanas- el debate en torno al tema ya está abierto, y todo hace prevér que la discusión legislativa será compleja.
Así al menos quedó en evidencia en la mesa redonda que organizó el Centro Democracia y Comunidad (CDC) y donde participó el diputado Jorge Burgos (DC), quien ha estado atento al debate de los temas de transparencia.
El parlamentario, si bien valoró el impulso que le dará el Ejecutivo a la iniciativa que se tramita desde 2008, también anticipó algunos de los aspectos que, a su juicio, quedan por resolver y que marcarán la discusión, como es avanzar en la regulación y sanción tanto del sujeto pasivo del lobby -que es donde se concentra la propuesta de La Moneda- como a quien lo ejerce.
“Si hace 10 años era necerario regular el lobby, hoy es mucho más necesario porque éste ha crecido brutalmente y uno no puede sorprenderse cuando la economía también ha crecido”, dice el legislador agregando que a la hora de legislar este tema hay que hacerlo de forma “equitativa”.
Qué hacer público
“Es interesante el cambio de paradigma del proyecto en el sentido de centrarse en el tema de los pasivos y de esa manera dar un nuevo paso en la obligación de transparencia de los funcionarios públicos”, afirma Burgos advirtiendo de paso que la implementación de los llamados “registros públicos”, incorporados en la normativa podrían abrir la puerta a un debate mucho más amplio y que se cruza con la disputa que en la actualidad mantiene la Segpres y el Consejo de la Transparencia por la obligación o no de hacer públicos los mail de las autoridades.
Es que de acuerdo a la indicación que presentará el Ejecutivo, las autoridades públicas o “sujetos pasivos” del lobby estarán obligadas a llevar un registro de las audiencias que mantendrán con las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tengan por objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, y que deberán publicar una vez al mes en sus respectivos sitios web.
Al respecto, el diputado falangista destaca que si bien es importante que se registre “a quién recibo”, también se debería dar a conocer “qué lobbysta llamó, porque buena parte del lobby tiene que ver muchas veces con llamadas telefónicas o con los mails”.
En el gobierno reconocen que este punto es un tema complejo que se tendrá que “conversar” en su momento en el Parlamento y que si bien tienen la voluntad de regular un asunto sobre el cual nunca antes surgieron dudas, ello se debe hacer siempre y cuando haya consenso, dice una fuente de La Moneda.
El mismo personero además adelanta que “se está pensando en incorporar este debate” en el marco de la modificación a la Ley de Probidad y Transparencia que se está dando en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja.
Otros aspectos a considerar
En materia de lobby, Burgos también agrega otros aspectos, asegurando que también es indispensable definir “el modelo regulatorio al que se quiere apuntar” porque mientras el proyecto apunta a un modelo centrado en los sujetos pasivos del lobby, sobre quienes recaen la mayoría de las exigencias, se “deja de lado el establecimiento de exigencias para quienes como sujetos activos realizan gestiones de lobby”, afirma.
De avanzarse en lo anterior, añade, obliga a preguntarse sobre la necesidad de “crear una institucionalidad ad-hoc que vele por el cumplimiento de los estándares legales y reglamentarios”; así como definir si la normativa afectará sólo lobbystas profesionales o incluir -como se hace en los países OCDE- a los corporativos y en algunos casos a organizaciones sin fines de lucro como las ONGs.
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