Por Gonzalo Cerda
Eliminar las exenciones tributarias, reducir la evasión y aumentar el impuesto al diésel, fueron algunas de las propuestas que cruzaron el debate durante el seminario “Una reforma tributaria para Chile”, organizado por el presidente del Senado, Camilo Escalona (PS). Al encuentro asistieron los representantes del Centro de Estudios Públicos, CEP, Vittorio Corbo y de la Corporación de Estudios para Latinoamérica, Cieplan, José Pablo Arellano, además del director del Programa Económico del Instituto Libertad y Desarrollo, Luis Felipe Lagos y el académico y economista del Instituto Igualdad, Óscar Landerretche.
Los economistas expusieron cada una de las propuestas de reforma tributaria que han hecho públicas. En ese sentido, CEP-Cieplan, presentaron una síntesis de los alcances de su propuesta, donde destacaron que este debe ser predecible para así reducir la incertidumbre y facilitar la toma de decisiones de los agentes económicos. De igual forma, la reducción de la evasión debe ser la primera prioridad del gobierno para lograr eficiencia y equidad. En este punto sostuvieron que se debe hacer retroceder la evasión del IVA a los niveles previos a 2008, para así recaudar del orden de US$ 1.000 millones.
Además, advirtieron que es necesario reducir la tasa de evasión del impuesto de primera categoría a los niveles alcanzados en 2006-2007 para recaudar algo más de US$ 800 millones. Corbo señaló que “un sistema tributario óptimo debe incluir una combinación de impuesto al ingreso y al consumo, sin embargo, actividades que generen externalidades negativas deben recibir un tratamiento diferente vía impuestos específicos”.
A su turno, Arellano destacó que el IVA “debe preservarse como principal impuesto con tasa única y extensible a todas las actividades productivas”.
En tanto, la propuesta de LyD, apunta a fortalecer la inversión, donde “el impuesto que pagan las empresas es simplemente un adelanto al que pagan las personas”. Finalmente, Landerretche apuntó a que uno de los problemas que tiene la reforma propuesta por el gobierno, es la “ineficiente recaudación para enfrentar los desafíos de futuro. Esta recaudación empeora o mantiene la distribución de ingreso y genera un sesgo estructural a favor del capital fijo en contra del capital humano, la educación y el trabajo; producto de que existen tres pilares difíciles de compatibilizar: el distributivo, el recaudativo y el productivo”.
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