Otro de los énfasis que tiene la agenda de seguridad se refiere al rol que cumplirá el Servicio de Impuestos Internos (SII), donde se contempla un aumento de las contribuciones en forma exponencial a los dueños de sitios eriazos en zonas urbanas de alta densidad. Será a través de un proyecto de ley presentado y tramitado con urgencia durante el segundo semestre del presente año.
De acuerdo con la normativa vigente, le corresponde al SII actualizar la tasación fiscal de este tipo de predios, además de las cuotas de contribuciones que corresponde pagar por estos bienes raíces. Este proceso de reavalúo -que ya se inició el 1 de enero- se aplica en todo Chile, se realiza anualmente e incluye a todas aquellas propiedades correspondientes a sitios no edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros, que hayan sido informados al SII por las distintas municipalidades del país. Para 2023, el total de propiedades de este tipo, que serán, llegan a cerca de 129 mil.
Adicionalmente, durante enero se actualizarán los certificados de Avalúo Fiscal en el Portal del SII, recogiendo la variación de los valores individuales de este tipo de predios y, también, podrán revisarse los resultados finales del proceso a nivel nacional.
Posteriormente, se iniciará la distribución de cartas a contribuyentes, con la actualización de valores de avalúos y contribuciones respectivos, luego de que sea publicado el decreto del Ministerio de Hacienda que fijará la tasa del impuesto a aplicar en esta oportunidad.
Otra medida que se adoptará será un mecanismo administrativo del SII para eximir el pago de contribuciones a los propietarios cuyos predios o inmuebles han sido tomados cuando exista una solicitud de desalojo que el Estado no ha logrado completar.
También incluirá una rebaja de contribuciones para propiedades afectadas por incendios intencionales efectuados por terceros.
Arriendos, otro foco
La agenda de seguridad también propone una legislación para controlar los arriendos irregulares; y una indicación al proyecto que agrava sanciones en caso de sustracción de bienes provenientes de actividades productivas relevantes emulando mecanismos de ley de robo de maderas.
Asimismo, se establece un mandato legal para compartir y homologar información en línea de todos los organismos públicos que manejan datos relevantes en materia de seguridad. El proyecto relacionado se presentará durante el segundo semestre de 2023.
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