La jueza Edith Cristiano dispuso hoy la indisponibilidad de los fondos que la española Repsol pudiera percibir en compensación por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera argentina YPF.
La medida fue adoptada por la magistradio de la sureña ciudad de Río Grande, a solicitud de la Federación de Ex Agentes de YPF, que reúne a unos 25.000 antiguos empleados de la compañía que reclaman ser reconocidos como accionistas.
Según informó este colectivo en un comunicado, la medida judicial fue ordenada hasta que se resuelva la nulidad planteada por la federación de ex trabajadores respecto a las ventas de acciones de YPF que Repsol realizó en marzo de 2011 en la Bolsa de Nueva York, por unos US$ 1.900 millones y equivalentes a un 11,50% del paquete accionarial de la petrolera argentina.
Según los demandantes, en la venta de marzo de 2011 Repsol violó presuntamente una orden judicial de febrero de 2011 del juez federal argentino Oscar Valentinuzzi que impedía al grupo español vender sus acciones en YPF debido a una demanda presentada por la Federación de Ex Agentes.
De acuerdo a los demandantes, en 1990 se estableció que el 10% de las acciones de YPF quedara en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada (PPP), titular de acciones clase C.
Pero en 1997, de acuerdo a los querellantes, el Estado argentino y el directorio de YPF pusieron en venta esas acciones sin la autorización de los trabajadores mediante un decreto del entonces presidente argentino, Carlos Menem, que en 2001 fue declarado inconstitucional e invalidado por la Corte Suprema.
Repsol adquirió el 98% del paquete accionarial de la mayor petrolera argentina en 1999.
En octubre de 2002 el Estado argentino promulgó una ley para indemnizar a los extrabajadores de YPF con bonos por un total de US$ 100 millones, muy por debajo del monto reclamado por los demandantes.
En abril pasado, el gobierno de Cristina Fernández intervino YPF y envió al Parlamento un proyecto para expropiar el 51% de las acciones de la petrolera a Repsol, iniciativa que fue aprobada en mayo pasado.
Repsol pide en compensación unos US$ 10.000 millones, pero el gobierno argentino adelantó que no pagará esa cifra y que será el Tribunal de Tasación argentino el encargado de fijar el valor de las acciones expropiadas
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