El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su familia, pagó alrededor de US$ 160.000 en impuestos federales el pasado año fiscal, lo que supone más de un 20% de sus ingresos que ascendieron a US$ 789.674, informó hoy el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
La publicación de la declaración de la renta del presidente y su mujer coincide con la batalla que Obama está librando, en este año electoral, para que el Congreso apruebe un alza de impuestos a las rentas más altas del país.
Bajo el nombre de "regla Buffett" el Gobierno de Obama pretende introducir una legislación por la cual los ciudadanos con ingresos anuales superiores al millón de dólares contribuirían al Fisco con al menos el 30%.
La tasa efectiva de impuestos de los Obama está justo por encima del 20%, inferior de hecho a la de la mayoría de los estadounidenses.
La copia de la declaración de impuestos del presidente divulgada por la Casa Blanca refleja que la mitad de sus ganancias provienen de su sueldo, y la otra mitad de ventas de libros. Además, detalla sus donaciones a caridad, que ascienden a más de US$ 172.000.
"(El presidente) cree que la gente como él debe pagar una tasa efectiva de impuestos superior a la tasa pagada por los que trabajan duro, los estadounidenses de clase media", explicó Carney.
"El presidente cree que debemos reformar nuestro sistema tributario por lo que ha propuesto políticas como la regla de Buffett, que pediría a los estadounidenses más ricos pagar su parte justa al mismo tiempo que protegería a las familias que ganan menos de 250.000 dólares de un incremento de sus impuestos", añadió el portavoz.
Para Obama, el plan no es solo una forma de redistribuir la riqueza, sino algo necesario para que la economía crezca y se reduzca en parte el abultado déficit público. Los demócratas apuestan por esa iniciativa así como por aumentar las inversiones en educación, investigación y salud.
Por contra, los republicanos, entre ellos el aspirante a la candidatura presidencial y virtual rival de Obama, el exgobernador Mitt Romney, proponen un recorte del gasto público y de programas y ayudas gubernamentales como alternativa para reducir el déficit.
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