Evo Morales sigue los pasos de Cristina Fernández y anuncia estatización de filial de firma española
Ordenó por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE).
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 2 de mayo de 2012 a las 05:00 hrs.
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El primer golpe en contra de una empresa española lo dio Cristina Fernández en Argentina y, a menos de un mes, arremetió Evo Morales en Bolivia con una nueva expropiación.
Ayer en medio de la simbólica celebración del Día Internacional del Trabajo, el presidente boliviano, Evo Morales, ordenó por decreto la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), filial de Red Eléctrica de España, que controla el 74% de las líneas de transmisión de electricidad del país vecino.
Esta inesperada medida está siendo analizada por el gobierno español y, por ahora, se considera “muy diferente” del caso de YPF en Argentina, por el tamaño del negocio, informó ayer EFE.
Evo Morales presentó la nacionalización de la Transportadora de Electricidad (TDE) con el argumento de que es un “justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos”.
El mandatario, que afronta en los últimos meses diversos conflictos con la población indígena, los sindicatos y huelgas sectoriales, justificó la expropiación, argumentando que “esa empresa internacional española en 16 años apenas ha invertido 81 millones de dólares, una inversión en término medio de cinco millones al año”.
Tras leer el decreto, ordenó a las Fuerzas Armadas la custodia de las instalaciones de la compañía, cuyos trabajadores se declararon sorprendidos por la medida y reclamaron por su estabilidad laboral.
Fuentes de Red Eléctrica dijeron a EFE que esperan alcanzar un acuerdo con el gobierno boliviano para una compensación que se traduzca en un justo precio que exigen todos los accionistas de esta empresa, con un 20 % de capital público y una mayoría de inversores de otro países.
Según el grupo español, acciones de este tipo “van en contra de las reglas de juego de libre mercado y la seguridad jurídica que debe presidir las inversiones internacionales”.
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