El gobierno español emitirá deuda para rescatar a las comunidades autónomas, informaron ayer diversos medios locales, en medio de la dramática situación que afrontan varias regiones.
La medida, a través de los así llamados “hispabonos”, sería aprobada el viernes en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo calcula que faltan unos 17.000 millones de euros (US$ 21.200 millones) para que puedan satisfacer sus necesidades este año.
El lunes, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, intentó tranquilizar a la población diciendo que el gobierno no “dejará caer” a ninguna autonomía “porque se cae el país”, aunque admitió problemas de liquidez.
El viernes, Cataluña, la provincia más rica de España, pidió oficialmente ayuda ante la falta de opciones para enfrentar los vencimientos de este año. Varias comunidades han perdido acceso al mercado de capitales y han visto rebajados sus bonos a nivel basura.
En enero, el gobierno ya acudió en auxilio de la Comunidad Valenciana para pagar una deuda de 123 millones de euros con el Deutsche Bank, tras una fracasada emisión de bonos en diciembre. Allí sólo pudo reunir 1.058 millones de euros para los 1.800 millones de euros buscados.
Las 17 regiones tienen que cubrir vencimientos por 35.700 millones de euros, más un déficit de unos 15.000 millones de euros. El año pasado, muchas de las regiones financiaron su deuda gracias a que suspendieron los pagos a proveedores, que en muchos casos llevan meses o años sin cobrar facturas.
Línea de crédito insuficiente
El Ejecutivo ya puso en marcha en febrero una la línea de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a aquellas comunidades con problemas de vencimientos. El 17 de mayo, el gobierno central aprobó los planes de las comunidades de recortar el gasto por 13.000 millones de euros y aumentar el ingreso por 5.000 millones de euros. La agencia de calificación crediticia Fitch apoyó el acuerdo, pero advirtió que todavía hay riesgo de que no alcancen las metas de 2012 debido al contexto económico.
Las comunidades, que se enfrentan en último extremo a una intervención en caso de no ceñirse a los objetivos fiscales, representan casi la mitad del gasto público español y fueron las principales responsables de la desviación del objetivo de déficit el pasado ejercicio.
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