El portavoz europeo de Comercio, John Clancy ha avisado de que "una expropiación por parte del Gobierno argentino enviaría una señal muy negativa a inversores, nacionales e internacionales y podría dañar seriamente el clima de negocios en Argentina".
Clancy ha manifestado que la CE desea que Madrid y Buenos Aires encuentren una "solución de mutuo acuerdo que no dañe el clima empresarial y la relaciones entre la UE" y Argentina".
La semana pasada la CE ya mostró su apoyo a España en la polémica con Argentina, aunque dejó claro que actualmente la Unión Europea no cuenta con mecanismos jurídicos suficientes para presionar al Gobierno de Kirchner y hacerle cumplir su compromiso con las inversiones de empresas de países comunitarios en territorio argentino.
Si bien con el Tratado de Lisboa (2009) la Comisión Europea adquirió en principio competencias sobre las inversiones comunitarias en países terceros, todavía no existes instrumentos legales. El marco jurídico que se aplica en este caso es el tratado de protección de la inversión bilateral (BIT) entre España y Argentina.
El acuerdo marco de comercio y cooperación económica de 1991 entre la Comunidad Económica Europea y Argentina permite la cooperación y acciones conjuntas pero no otorga a la UE la posibilidad de emprender acciones contra el país suramericano en asuntos comerciales o relacionados con las inversiones.
Por lo que se refiere al marco que ofrece la Organización Mundial del Comercio (OMC), indicaron que este organismo "no cubre asuntos de protección de las inversiones y no existen compromisos en la OMC de Argentina en relación a ello", por lo que la UE "no tiene posibilidad de reaccionar sobre la base de compromisos legales multilaterales o bilaterales" en Ginebra.
Fuentes de la UE han asegurado a Efe que "nos ocuparemos del asunto y expresaremos nuestra preocupación sobre el impacto negativo que puede tener en los intereses económicos y comerciales de la UE, y en las relaciones bilaterales", durante la reunión del comité conjunto UE-Argentina que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de abril en Buenos Aires.
Recordaron que, antes de la aprobación del Tratado de Lisboa, la CE ya ejerció con éxito presión diplomática a Argentina para que desestimara su intención de aprobar una ley sobre servicios públicos que muchos Estados miembros consideraban perjudicial para sus inversiones en el país.
El anuncio de la expropiación de YPF se ha producido a pesar del mensaje que el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, envió a la oficina de Cristina Fernández a través de la delegación de la Comisión en Buenos Aires en el que mostró su preocupación y pidió respeto a los compromisos del país con las inversiones extranjeras.
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