Por Maximiliano Villena
Un fuerte proceso de fiscalización es el que está llevando a cabo la Superintendencia de Pensiones, el que no sólo quedó de manifiesto por la reunión que el pasado martes sostuvo con altos ejecutivos de las AFP del país. La preocupación del regulador por las repercusiones que la crisis de La Polar podría tener sobre los fondos de pensiones comenzó el mismo día en que se desató el escándalo, para concretarse en un oficio que se envío a los regulados el pasado 30 de junio.
A través del documento, la superintendencia pide a las AFP justificar las transacciones hechas con los instrumentos de La Polar, realizar un estudio de viabilidad de la compañía e informar si suscribirán el aumento de capital de la firma por US$ 200 millones.
El texto, al que deben responder antes del 15 de julio, indica que las gestoras deberán entregar fundamentos que justifiquen la compra y venta de instrumentos del retailer, tanto acciones como bonos, desde 2010 a la fecha, “incluso aquellas transacciones efectuadas después de anunciado el hecho esencial del 9 de junio”.
Es que al 31 de mayo pasado, las administradoras mantenían una exposición del 0,21% en acciones de la multitienda (US$ 330,07 millones), la que se empina a 0,24% si se considera los bonos invertidos en La Polar (US$ 375,95 millones).
Esto, como una medida para contrastar las respuestas enviadas por las AFP al anterior oficio enviado por el regulador, en cuyas respuestas las administradoras señalaban que habían manifestado al directorio -y en reiteradas oportunidades- su preocupación por las políticas crediticias y de riesgo de la empresa.
Doble rol
La superintendencia les pide, además, “informar las condiciones específicas que la determinarían a suscribir el aumento de capital, acompañando al efecto, un estudio que sustente por una parte la viabilidad o inviabilidad de la compañía y en segundo término la decisión que adopte al respecto, de manera que exista una debida coherencia entre el análisis realizado y la posición adoptada finalmente”.
De esta manera, se busca justificar la posición que adoptarán las administradoras como acreedores de la multitienda, toda vez que en el mercado hay preocupación respecto de su rol simultáneo como accionistas y dueñas de la deuda, lo que se ha reflejado en las proposiciones hechas en las juntas de accionistas y tenedores de bonos previo acuerdo con la banca. Esto es, dar un plazo para no ejecutar los covenants y instalar un veedor en la firma para resguardar sus intereses.
Por último, el regulador instruye a las Administradoras de Fondos de Pensiones a que entreguen semanalmente un informe que de cuenta de los avances en las gestiones necesarias para cautelar la obtención de un adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones, asegurando que las operaciones de adquisición y enajenación de títulos con recursos de los fondos de pensiones se realicen con dicho objetivo.
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