Compañías respaldan la norma, pero alertan por plazos y reglamentos
Otro punto que genera inquietud tiene que ver con la tramitación legislativa del proyecto.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 22 de septiembre de 2011 a las 05:00 hrs.
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Y en esa línea fueron las declaraciones del gerente general de la Asociación que los agrupa, Jorge Claude, quien escuetamente señaló que es un proceso que se viene trabajando desde hace varios años y que, en general, lo respaldan. Sin embargo, advierten sobre los alcances del debate legislativo.
“Vamos a estar atentos a las discusiones, para contribuir con argumentos técnicos que contribuyan a enriquecerlo y a su éxito final”, sostuvo.
Otro tanto planteó el gerente general de la compañía de seguros Ohio National, Claudio Correa, quien junto con resaltar que se trata de un gran cambio, hizo hincapié en la modalidad de implementación de esta nueva forma de funcionar, que incluye el factor riesgo.
“El proyecto en general es una de las transformaciones más grandes que la industria ha tenido en los últimos años, pero básicamente lo más relevante van a ser los plazos de la puesta en marcha de la ley, dado que es un tema muy complejo”, comentó.
Asociado a lo anterior, explica Correa, es el reglamento con el detalle fino necesario para aplicar el marco general propuesto por la ley.
“Acá se está transformando completamente el sistema de supervisión y requiere cierta capacidad de irlo madurando”, explica.
Esto, agrega, porque lo que hará la Superintendencia de Valores es evaluar cómo son los sistemas de riesgo de una compañía y en la medida que tenga debilidades va a requerir de más capital.
El ejecutivo subraya que esto desembocará en que finalmente “en la medida que una compañía tenga menor requerimiento de capital va a ser más eficiente porque tiene menos riesgo. Las compañías de menor riesgo requieren menor capital y esa relación utilidad a capital las hace más rentables”.
Por lo pronto, el 31 de diciembre las compañías de seguro deberán entregar al regulador de Valores el plan de trabajo para ajustar sus propios modelos de gobiernos corporativos al reglamento emitido hace algunos meses y que es pieza clave de la supervisión basada en riesgo.
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