Finalmente, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, convaleciente de una operación por cáncer en Cuba, no asumirá mañana su tercer mandato. Ayer el vicepresidente Nicolás Maduro envió una carta al jefe de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, donde solicita aplazar la toma de posesión.
Maduro además solicitó que se permita a Chávez juramentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tal como establece el artículo 231 de la Constitución, sin precisar una fecha. Anoche se esperaba que el Legislativo, de mayoría oficialista, accediera a la petición.
Anteriormente ya hubo especulaciones en el sentido de que los miembros del TSJ podrían viajar a Cuba a tomar el juramento a Chávez, una opción controvertida entre expertos constitucionalistas.
“El comandante presidente ha pedido informar que, de acuerdo, con las recomendaciones del equipo médico (...) el proceso de recuperación post quirúrgica deberá extenderse más allá del día 10 de enero”, dice la carta.
La Constitución indica que el mandato presidencial comienza el 10 de enero y la oposición exige que se haga cumplir la norma, que especifica que una junta médica debe decidir si Chávez está en condiciones de asumir o si se debe llamar a nuevas elecciones.
Para la oposición el jueves cesa en su función el gobierno actual, y si el presidente no toma posesión debe hacerlo Cabello en su reemplazo.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) envió una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que alerta del riesgo de “una grave violación al orden constitucional” si eso no sucede.
Washington, que tradicionalmente ha mantenido una relación tensa con Chávez, sigue el caso de cerca. “Esperamos que cualquier transición en Venezuela sea democrática, legal, constitucional y transparente”, comentó ayer a Efe el portavoz para Latinoamérica del Departamento de Estado, William Ostick.
Desabastecimiento
En medio de la incertidumbre se agrava el problema del desabastecimiento. Ayer la Guardia Nacional decomisó 31 toneladas de alimentos en un mercado de Caracas.
Un jefe de la Guardia aseguró que se inspeccionaron 90 establecimientos, y que las medidas tomadas por las autoridades incluyeron cinco cierres de establecimientos comerciales y multas por un total de US$ 100.000.
Por su parte, Karlín Granadillo, superintendente de precios justos, aseguró que no hay razones para realizar “compras nerviosas” y que la gran mayoría de los locales tenían suficiente inventario.
Otra funcionaria también desmintió la escasez de alimentos. La presidenta del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Consuelo Cerrada, dijo que existe “un juego peligroso de los industriales o de los encargados de comercializar y distribuir los productos, que sacan los productos de los anaqueles, lo sacan de la cadena normal para traerlo a la informal”.
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