Mañana será una fecha clave en el agitado frente internacional del gobierno de Cristina Fernández. El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciará su decisión respecto de las polémicas estadísticas de inflación de Argentina. Los 24 miembros de su directorio resolverán si aprueban o rechazan las cifras informadas por el estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y que son abiertamente cuestionadas por los analistas privados, e incluso por el congreso.
Si las cifras son rechazadas, el FMI podría expulsar al gobierno sudamericano. Esta sería la primera vez que la institución recurriría a esta drástica medida en sus 68 años de historia.
El debate sobre el Indec va mucho más allá de los aspectos puramente técnicos o políticos, ya que sus datos repercuten directamente sobre los retornos que pagan los bonos indexados a la inflación y cientos de inversionistas denuncian que el gobierno reduce artificialmente los rendimientos de estos instrumentos al subestimar los precios. Mientras el gobierno reconoce una inflación de 10,8%, los analistas independientes la ubican en torno a 23%.
Los inversionistas exigen a Argentina la mayor tasa de interés entre las economías emergentes para financiar su deuda, debido a la caída del peso (la moneda más depreciada de la región frente al dólar), y a las alzas de precios. Los bonos del país pagan rendimientos 1.079 puntos base más altos que su equivalente del Tesoro de Estados Unidos, según el índice EMBIG de JPMorgan.
Relaciones cortadas
Antes de tomar su decisión, el directorio del Fondo se reunió el martes en Washington para escuchar una presentación sobre el panorama económico de la nación trasandina.
Argentina es el único país del G20 que se rehusa a permitir que el FMI audite sus cuentas nacionales, una medida que está incluida en el artículo IV del organismo y que es obligatoria. Buenos Aires no permite el ingreso de los oficiales del Fondo desde 2006, luego de que el entonces presidente y fallecido esposo de la actual mandataria, Néstor Kirchner, cancelara en un sólo pago toda la deuda con el FMI y culpara a la institución de la crisis económica por la que atravesaba el país.
Estadísticas manipuladas
A fines de 2006, molesto por las altas cifras de inflación, el poderoso ministro de Comercio, Guillermo Moreno, pidió a la entonces directora del Indec, Graciela Bevacqua, los datos de los minoristas usados para levantar las estadísticas de precio. La ejecutiva se negó explicando que esa información estaba protegida, y tras una tensa polémica, fue removida junto con los principales funcionarios de la entidad, que fueron reemplazados por personas más cercanas al gobierno.
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