Por Keith Zhai
Las penas de muerte suspendidas, como la entregada a Gu Kailai, son una medida que Beijing ha adoptado en los últimos años para reducir las ejecuciones.
El artículo 50 de la ley criminal señala que si un convicto “no comete intencionalmente cualquier crimen durante la ejecución del aplazamiento” después de dos años de la sentencia, será conmutado a prisión de por vida, o a 25 años si el convicto “demuestra genuinamente un mayor mérito”. Más recortes también son posibles.
“No hay una ley clara para definir la pena de muerte suspendida; los jueces pueden dar esta sentencia cuando las circunstancias puedan requerirlo”, dijo el abogado de Beijing Li Heping.
Añadió que el caso de Gu era definitivamente uno de “primer grado”, pero que ella recibió una pena suspendida por razones políticas, porque ella y su marido Bo Xilai eran figuras importantes.
Un artículo publicado en el sitio web de la Fundación Dui Hua, una organización no humanitaria ubicada en San Francisco, predijo que Gu podría pasar nueve años tras las rejas.
Ayuda de
condición médica
Dado que los medios estatales reportaron que Gu tenía una “dependencia psíquica y psicológica a las drogas hipnóticas sedantes”, ella también sería apta para libertad condicional médica, según la fundación.
El profesor de derecho de la Universidad Chongqing, Chen Zhonglin, dijo que un convicto podía pedir libertad condicional médica después de un lapsus de dos años de aplazamiento si la prisión no puede entregar cuidado médico suficiente, o el convicto no es capaz de moverse por sí mismo. Pero dijo que incluso en el mejor escenario, Gu podría pasar cerca de 20 años en prisión.
“Normalmente, uno podría tener su sentencia reducida a 20 años por buen comportamiento después de dos años de aplazamiento; la octava enmienda de la ley criminal de China incrementó el año pasado el tiempo mínimo obligatorio para servir sentencias de por vida desde doce años a 17 años”, acotó.
En el último tiempo, los políticos corruptos han recibido principalmente penas de muerte suspendidas.
Los medios chinos reportaron en 2010 que de once autoridades ministeriales que confesaron ser corruptas, siete recibieron penas de muerte y las otras recibieron cadena perpetua.
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