Argentina notificó oficialmente a la Organización Mundial del Comercio (OMC) la petición del establecimiento de consultas con la Unión Europea (UE) y España, en relación con las restricciones impuestas por España a la importación de biodiésel procedente del país sudamericano.
Fuentes diplomáticas informaron hoy a Efe de que la petición se formalizó en una carta remitida a la OMC por el representante permanente de Argentina ante este organismo, el embajador Alberto D'Alotto, en la que expone que la normativa aprobada en España en abril pasado sobre importación de biodiésel es discriminatoria.
La normativa es una orden ministerial que regula la asignación de producción de biodiésel para el cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes y que establece que para ese cómputo solo podrá tenerse en cuenta el biodiésel producido enteramente en plantas ubicadas en España o el resto de la UE.
El embajador argentino expuso ante la OMC que esta normativa y su aplicación "impondrán una discriminación entre el producto de origen europeo y el de otros orígenes, que implicaría de hecho una prohibición a la importación de biodiésel extracomunitario".
"Argentina entiende que la orden ministerial española infringe las obligaciones de este país (España) y de la Unión Europea contempladas en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio de 1994", argumentó el embajador, quien agregó que la medida española es además "inconsistente" con el Acuerdo sobre Medidas de Inversión del Comercio.
El representante argentino subrayó que su país ha desarrollado desde 2007 uno de los sectores de producción de biodiésel más eficientes del mundo, consolidándose como primer exportador mundial.
Según sus datos, la UE es el principal mercado exportador y España el principal comprador de ese mercado. En 2011, las exportaciones argentinas de este producto alcanzaron los US$2.100 millones, de los cuales US$1.900 millones provinieron de la UE y más de US$1.000 millones de España.
La petición de consultas por parte de Argentina se enmarca en la tensión comercial existente entre Buenos Aires y los países europeos -especialmente España-, que han acusado reiteradamente al Gobierno de Argentina de promover políticas proteccionistas.
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