El consejo alemán de ministros a las órdenes de la canciller federal, Angela Merkel, aprobó hoy un proyecto de ley para la estricta regulación de las entidades financieras que contempla condenas de hasta cinco años de cárcel para quienes aprueben inversiones de riesgo que acaben en fiasco.
La nueva legislación, que deberá ser aprobada por el Bundestag, el parlamento germano, establece que los altos ejecutivos bancarios y de compañías aseguradoras podrán ser demandados por la vía penal si llevan a sus empresas a una situación crítica por incumplir sus obligaciones en la gestión de productos de alto riesgo.
"El quebrantamiento de las obligaciones de los responsables de gestión de riesgo será perseguido por la vía penal cuando esto ponga en peligro la propia pervivencia de la entidad o el cumplimiento de sus compromisos", dice el nuevo documento legal.
El proyecto de ley del ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, pretende regular las actividades de bancos y aseguradoras, contemplando sanciones económicas y penas de cárcel, con el objetivo de evitar nuevas crisis financieras como la desencadenada a escala global en 2008.
El proyecto de ley establece también la obligación de separar la banca de inversión de la comercial en las grandes entidades financieras, para impedir que los clientes particulares puedan sufrir pérdidas por las operaciones de riesgo de la entidad.
Si los activos de riesgo de un instituto financiero superan el 20% del total o los 100.000 millones de euros, el banco o aseguradora deberá establecer una empresa independiente para su gestión, creando un cortafuegos para defender el negocio comercial, apunta el proyecto de ley.
La iniciativa gubernamental establece además que los institutos bancarios de relevancia sistémica deberán redactar un llamado "testamento bancario", un plan de saneamiento y liquidación para prevenir una posible crisis con riesgo de quiebra.
El Ejecutivo de centro-derecha de la canciller Angela Merkel, uno de los principales impulsores en el G20 de un marco regulatorio más estricto para las entidades financieras, recoge así en su legislación las propuestas del consejo de expertos convocado por la Comisión Europa (CE) para regular la banca.
Berlín ha abogado desde el estallido de la crisis financiera por separar los bancos de inversión de la banca comercial, y por regular la actividad del "sistema bancario en la sombra" (shadow banking), las empresas que funcionan como instituciones financieras pero no lo son legalmente, como los "hedge funds", los fondos de divisas y los vehículos de inversión estructurados
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