Los acreedores que aceptaron las reestructuraciones de deuda de Argentina solicitarán hoy al tribunal de apelaciones de Nueva York que suspenda temporalmente el fallo emitido la semana pasada por el juez federal Thomas Griesa, que obliga al país a pagar también a quienes rechazaron esos canjes.
"Confiamos en que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito diga que esta decisión es un error y restituya la suspensión del fallo", dijo hoy a Efe Sean O'Shea, abogado del fondo Gramercy, que forma parte del 93% de los acreedores que aceptaron las reestructuraciones de deuda argentina en 2005 y 2010.
El letrado aseguró que presentarán esa petición de forma urgente esta misma mañana y que además planean interponer una apelación al fallo.
Griesa anunció el pasado miércoles que el país latinoamericano deberá pagar el 15 de diciembre US$ 1.300 millones a los tenedores de bonos que no accedieron a los canjes, entre ellos NML Capital, quienes demandaron en Nueva York a Argentina para recuperar la totalidad de su inversión.
Además, el juez decidió poner fin a la suspensión temporal que se había instaurado sobre el fallo que él mismo emitió en febrero de este año, cuando decidió que Argentina debía pagar también a los tenedores de bonos que se negaron a participar en las reestructuraciones y no solamente a aquellos que sí accedieron.
Su decisión había sido respaldada en octubre pasado por el tribunal de apelaciones, que decidió que Argentina no podía pagar a los tenedores de bonos reestructurados sin pagar también a los demandantes, y devolvió el caso a Griesa para que determinara cuánto, cuándo y cómo debía pagar.
Se prevé que este lunes Argentina presente también una apelación contra el fallo de Griesa, alegando que "pone en riesgo futuros procesos de reestructuración de deuda soberana a nivel global y puede tener severas consecuencias sobre el funcionamiento de la plaza financiera de Nueva York", según el diario oficialista "Página 12".
El fallo del juez neoyorquino abrió las puertas al fantasma de una suspensión de pagos técnica, puesto que obliga a Argentina a pagar a los acreedores que no aceptaron los canjes antes del 15 de diciembre, cuando se cumple también el plazo del pago de otros US$ 3.500 millones a bonistas que sí aceptaron las condiciones de las reestructuraciones de deuda.
El Gobierno argentino ha indicado que seguirá apelando el caso hasta llegar al Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, pero la decisión de Griesa le deja sin casi margen para usar otros recursos judiciales.
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