POR CONSUELO MEJÍAS SMITH
Histórico. Así se puede calificar el caso farmacias, no sólo por la contundencia del fallo, sino además por los montos desembolsados por las partes en el proceso al interior del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). La propia Fiscalía Nacional Económica (FNE) lo confirma, asegurando que es el caso en que más han invertido.
“Este ha sido un proceso de compleja litigación, de más de tres años y de alto costo para la FNE”, señala el organismo, detallando que “en la tramitación de este caso gastamos más de $ 500 millones (cerca de US$ 1 millón)”.
Estos recursos se destinaron a los equipos de profesionales de la FNE, a informes periciales y en derecho y en la contratación de expertos en materias de libre competencia.
En todo caso, tal como establece el punto número 7 de la sentencia del TDLC, emitida la semana pasada, Salcobrand y Cruz Verde deberán pagar dicho monto.
Éste crece aún más si se le suma el actuar del propio organismo antimonopolios, donde trabajaron en la sentencia cinco ministros, además de un staff de apoyo constituído por dos economistas y tres abogados.
A modo de anécdota conocedores del proceso del fallo señalaron que el lunes pasado, una vez redactada la sentencia, el personal del TDLC no abandonó las oficinas de calle Agustinas sino hasta cerca de las 23.30 horas, imprimiendo las seis copias del fallo. Esto debido a que a cada una de las partes se le debe entregar una versión, cuyas 333 hojas fueron timbradas y revisadas una a una. Ello significó la utilización de al menos seis resmas de papel.
Por su parte, la FNE presentó cerca de 10 cajas de documentos confidenciales.
El monto final a pagar por Salcobrand y Cruz Verde será determinado por el propio TDLC, cifra que debiera dar a conocerse en el mes de marzo.
Costos jurídicos
A todo lo anteriormente mencionado, se deben agregar los honorarios de los varios bufetes de abogados que ambas contrataron, además de las asesorías y los estudios que encargaron.
De acuerdo a los números que se manejan al interior del mercado, el valor de la defensa es de al menos $30 millones para cada estudio, a lo que se deben sumar bonificaciones por el resultado de las acciones tomadas, que pueden llegar a igualar el monto fijo. En gran parte del mundo los abogados cobran por hora trabajada, sin embargo, dicha fórmula no ha tenido mucho éxito en Chile. Por otro lado, el valor promedio de cada uno de los estudios en derecho y económicos presentados es cercano a los $ 15 millones.
Dato curioso: Salcobrand aportó más de 100 carpetas con información ante el TDLC y Cruz Verde un número similar.
Sin embargo, es esta última empresa la que más recursos habría destinado al caso, en el cual han trabajado más de 20 abogados patrocinantes de diferentes estudios en las distintas instancias: TDLC y Corte Suprema.
Es más, cuentan cercanos al caso que, debido a que hay restricciones a la cantidad de incidentes dilatorios que cada empresa puede presentar, Cruz Verde debía pagar sanciones para continuar realizando dichas presentaciones. En vista a que reiteró varias veces ese actuar es que habría tenido una cuenta especial para pagar en tales casos.
Cabe señalar que las costas se van a continuar abultando si las empresas presentan un nuevo recurso. Y como ya anunciaron que continuarán adelante, realizando alegatos dentro de los diez días hábiles que establece la ley para ello, la suma seguiría en alza, sobre todo considerando que el caso sería llevado a la Corte Suprema, donde, según expertos podría estar un año más.
A todo lo anterior se debe añadir el proceso paralelo que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte, cuya audiencia de juicio debiera realizarse a fines del mes de junio.
Por todo lo anterior es que expertos en libre competencia señalan que una de las opciones es que las compañías pidan al TDLC que se le rebaje el total a pagar en costas de la causa.
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