El ministro en visita, Patricio Villarroel, que investiga el robo de $85.000 millones en instrumentos financieros desde Corfo, que perpetró el quebrado holding Inverlink en 2003, cerró ayer la investigación y dictó las acusaciones criminales contra los principales involucrados, tras casi nueve años de pesquisas.
En una resolución de más de 40 fojas, el ministro acusó a la plana mayor de Inverlink por los delitos de estafas reiteradas, sobornos, cohecho, infracción a la ley sobre mercado de valores, e infracción a la ley de Bancos. De resultar finalmente condenados, los acusados se exponen a penas de cárcel efectiva ya que, explican fuentes judiciales, la gravedad de los delitos les impediría acceder a beneficios como la pena remitida.
Tras este importante paso judicial, se da inicio a la última etapa del proceso, que antecede a la dictación de la sentencia que podría producirse en las próximas semanas.
Esto considerando que a Villarroel le correspondería asumir en marzo la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, por lo que su aspiración sería dejar resuelta la causa antes de esa fecha.
Los acusados
El ministro Villarroel acusó a 17 integrantes del holding, en particular a Eduardo Monasterio, ex presidente del Inverlink, y a Enzo Bertinelli, ex gerente general del mismo, por su participación como autores de los delitos de cohecho; estafas reiteradas e infracción a la Ley de Mercado de Valores; y también a Ignacio Wulf, ex presidente del directorio del grupo por su participación como autor de los mismos delitos además del de infracción a la Ley General de Bancos.
El plazo original que se había fijado el magistrado era el lunes 12 de diciembre. Sin embargo, Villarroel terminó extendiéndolo.
El origen del escándalo
El caso se destapó en enero de 2003 cuando se descubrió que Pamela Andrada, la secretaria del entonces presidente del Banco Central, Carlos Massad, enviaba información privilegiada del ente emisor al ex gerente general de la corredora de bolsa de Inverlink, Enzo Bertinelli.
Esta situación generó una desconfianza en los inversionistas del quebrado grupo (principalmente de fondos mutuos) quienes retiraron masivamente sus inversiones lo que llevó a la quiebra al holding y dejó en evidencia la sustracción de instrumentos financieros de Corfo por $85.000 millones que Inverlink se apropió con la colaboración del jefe de la mesa de dinero de la estatal, Javier Moya.
“Este procesamiento a los cabecillas del grupo Inverlink viene a reafirmar la postura de Corfo en orden a perseguir no sólo la recuperación del patrimonio fiscal sustraído, sino que también castigar duramente a quienes violaron la ley y la fe pública” afirmó el fiscal de Corfo, Marco Riveros, quien explicó que esta resolución significa un avance clave en una de las aristas principales del caso, y agregó que espera que “en el mes de enero tengamos sentencia en la arista de Triangulaciones, en la que ya se encontraban acusados los principales ejecutivos de BBVA Corredores”.
Procesalmente, el emblemático caso está dividido en 4 cuadernos. Precisamente, el principal es sobre el cual resolvió ayer Villarroel. Anteriormente, también había cerrado el cuaderno del Banco Central, donde acusó a Pamela Andrada.
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