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Informes en derecho constitucional, demandas civiles y acciones penales
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 22 de diciembre de 2011 a las 05:00 hrs.
Los abogados de Codelco tienen claro que la minera estatal ejercerá su opción de compra sobre el 49% de Anglo Sur en enero próximo. Independiente del fallo de la Corte de Apelaciones respecto al recurso de protección en curso, la compañía ya tiene definida la estrategia a seguir en el entendido que Anglo American no les permita materializar dicha opción. Bajo ese escenario, explica el abogado de la firma estatal, Pedro Pablo Gutiérrez, se presentará inmediatamente una demanda por incumplimiento de contrato. Y no es todo. También buscarán iniciar un juicio civil de nulidad de contrato por causa ilícita, con el objetivo de que se anule la transacción entre Anglo y Mitsubishi.
En el corto plazo, agrega Gutiérrez, presentarán varios informes en derecho que abordan la constitucionalidad de la operación de venta de Anglo. En ellos se concluye que “hay una clarísima violación y amenaza de los derechos de Codelco y que el recurso es completamente procedente”, adelanta.
Los tres primeros informes, que son de Carlos Peña, Gastón Gómez y de José Joaquín Ugarte junto a Rodrigo Díaz de Valdés, serán ingresados a la Corte entre hoy y mañana, mientras que los dos restantes de Pablo Rodríguez y Víctor Vial serán presentados más adelante.
En tanto, el también abogado de Codelco, Carlos Concha, destaca que no han descartado la vía penal y que se va a utilizar “de todas maneras”. El encargado es el abogado Hugo Rivera, quien tiene avanzado el escrito. La idea, sostiene Concha, es ir por responsabilidades tanto de personas naturales como jurídicas. “Codelco no desarrolla estrategias penales, sino que considera la posibilidad de accionar penalmentesobre la base de antecedentes objetivos cuando la existencia de una defraudación civil coincide además con una del tipo penal”, explica.
Respecto al exhorto internacional en contra de Mitsubishi para conocer el contrato de compraventa, fuentes cercanas a Codelco ven con extrañeza que “un inversionista extranjero, que se supone pagó más de
US$ 5.300 millones, no tenga domicilio ni representante en el país y que la oficina de abogados contratada para asesorarlos, carezca de toda representación del comprador”.
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