Corte designa a árbitro en convenio presentado por CB Corredores
Según trascendió en la Corte, el cargo de fiscal de BCI de Arturo Prado Puga, podría ser un impedimento para asumir este caso.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 10 de mayo de 2012 a las 05:00 hrs.
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El proceso de los convenios judiciales que buscan evitar la quiebra de CB Corredores S.A, Cuentas Punto Com S.A, y CB Consultorías y Proyectos S.A, -empresas del Grupo Cruzat- sigue su curso.
En vista de que la corredora de bolsa es una compañía sujeta a la fiscalización de la Superintedencia de Valores y Seguros el proceso de convenio, a diferencia de los otros dos, no sigue su curso en los juzgados ordinarios sino que a través de un arbitro. Es por ello que ayer el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Patricio Villarroel, designó al fiscal de BCI, Arturo Prado Puga, árbitro de CB Corredores.
Sin embargo, según trascendió en la misma Corte de Apelaciones, al parecer el abogado integrante de la Corte Suprema estaría rechazando entre hoy y mañana dicho nombramiento argumentando la existencia de “incompatibilidad”, puesto que si bien BCI no sería acreedor directo de estas tres sociedades, sí habrían temas relacionados.
A raíz de esta situación, cuenta una fuente del poder judicial, se estima que Villarroel tendrá que volver nominar a otro abogado en su reemplazo.
Por otra parte, dentro de los próximos días el estudio Nelson Contador y Cía. presentará la nómina de acreedores ante los respectivos juzgado civiles. Con esto, dentro de los próximos cinco días hábiles siguientes el acreedor mayoritario tendrá que designar un síndico informante del proceso.
Una vez que se conozca con exactitud el monto total de la deuda de las tres compañías sujetas a convenio será posible determinar si los fondos recaudados con la venta de Curauma permitirán costear el total del pasivo.
Acuerdo en Curauma
Tras informar la toma de control de Curauma por parte del Grupo Hurtado Vicuña, comienza el due dilingence de la operación.
Por el momento se habla de un aumento de capital de unos US$ 30 millones.
Cercanos al proceso indican que los convenios judiciales serían parte del acuerdo de compra entre Cruzat y Hurtado, puesto que se espera alcanzar un consenso con los acreedores antes de cerrar la operación de compra de la firma inmobiliaria.
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