Por Miguel Bermeo T.
Finalmente, CGX, la firma de Eike Batista -que levanta la Central Termoeléctrica Castilla-, y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentaron los recursos de protección anunciados contra la decisión de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que dictó sentencia bloqueando la construcción de la central.
Los recursos llegarían la próxima semana a Santiago, para que sean analizados por el máximo tribunal. Después las partes pedirán alegatos, lo que ocurriría en dos semanas más, y podría haber un fallo recién en unos dos meses.
En el mercado, todos sindican el recurso del CDE como el de mayor relevancia. Ello porque corrige un problema en el que se enfrascó la Corte de Apelaciones al anular la resolución del ex seremi de Salud de Atacama, Nicolás Baeza, que cambió la calificación desde “contaminante” a “molesta”. El tema, dice un alto ejecutivo del sector, es que la decisión de la Corte alimenta un ambiente de incertidumbre jurídica en el país.
En el documento de 21 páginas, el primero de los argumentos dice que “los recurrentes no expresaron la razón o las razones por las cuales consideraban que la citada resolución (...) era ilegal y arbitraria, tampoco explicaron de qué manera lo actuado por el Seremi de Salud afectaba el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
También dice que hubiese correspondido la medida, “en el evento de una afectación actual al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Se descarta, en consecuencia, la posibilidad de accionar en hipótesis de amenazas”, considerando que el proyecto aún no se ha levantado.
Sostiene que la Corte debió haber rechazado el recurso por improcedente, pues es un recurso extraordinario al que se debe recurrir en el caso que no existan acciones ordinarias y, en este caso la ley establece que será impugnable ante los tribunales en un procedimiento breve y sumario.
La posición de Castilla
En tanto, en un documento de 55 páginas, CGX asegura, que la recalificación del proyecto sólo corrigió un error previo. También reclama por la subjetividad de recalificar la central basado en que puede llegar a ser contaminante, es decir, un supuesto, lo que “constituye un grave error de derecho que puede acarrear serias consecuencias negativas, no sólo para el Proyecto Castilla, sino que también para la institucionalidad ambiental”, ello, pues “menoscaba la lógica del SEIA”.
Descarta que se vulnere el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación, pues Castilla será “emplazado en un lugar ubicado a 90 kms. de Caldera; 80 kms. de Copiapó y a 25 kms. de la población de Totoral”.
Al igual que el CDE, aclaran que la Constitución garantiza vivir un ambiente “libre de contaminación” y no de “toda contaminación”, como decía antes la Carta Fundamental, pues toda actividad tiene efectos. Además, reclama que el tribunal declara como contaminante un proyecto que tiene aprobación ambiental y que “ha sido evaluado favorablemente por todos los organismos ambientales y sectoriales”.
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