Por Rodolfo Carrasco M.
Con el objetivo principal de promover una cultura de evaluación de las políticas públicas, fijando los estándares mínimos que deben contener los programas, iniciativas de inversión y regulación que realicen los órganos de la administración del Estado, el Ejecutivo presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que crea un sistema de evaluación de las políticas públicas.
Así, se propone la creación de una agencia de evaluación de las políticas públicas, enfocada en la promoción y realización de evaluaciones ex post de los programas, regulaciones e iniciativas de inversión.
La dirección superior de la Agencia corresponderá a un consejo directivo integrado por cuatro consejeros designados por el presidente de la República, previo acuerdo del Senado. El presidente del consejo será designado de entre los consejeros por el mandatario.
La agencia definirá anualmente un plan nacional de evaluación, que estará compuesto por un tercio de evaluaciones solicitadas por el gobierno, un tercio de evaluaciones pedidas por el Congreso y un tercio libremente determinado por la Agencia. Las mediciones serán ejecutadas por evaluadores externos a la agencia, seleccionados de acuerdo a lo dispuesto en la ley de compras públicas, a excepción de los organismos internacionales.
El proyecto además indica que cualquier persona podrá solicitar a la Agencia el cruce de datos de información o base de datos que esté en poder de un órgano del Estado, con el fin de realizar una investigación o control social. La Agencia podrá cobrar los costos de elaboración de dichos cruces de información.
Según el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos el proyecto implica un mayor gasto fiscal total de $1.689.424.000 para el primer año y de $1.932.141.000 para el segundo año y siguientes.
Además, se establece la creación de un registro nacional de regulaciones,, con el objetivo de centralizar, organizar y poner a disposición del público en general, las regulaciones dictadas por los órganos del Estado y que corresponden a leyes y actos administrativos que producen un impacto en una actividad económica o emprendimiento u otorgan un beneficio social.
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