DF Tax | Valoración tributaria con reglas conocidas

Por: Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores.

Publicado: Jueves 12 de noviembre de 2026 a las 04:00 hrs.

Un análisis de 539 fallos realizado por el abogado Cristóbal Díaz Guitart para el período 2012-2026 muestra que en un 47,5% de los casos se confirmaron íntegramente las liquidaciones del SII, mientras que en un 32,3% los reclamos de los contribuyentes fueron acogidos íntegramente y en un 20,2% parcialmente. Pocas materias tributarias exhiben una litigiosidad tan persistente, y ese es el contexto en que debe leerse la discusión sobre los nuevos lineamientos de valoración que prepara el SII. La norma transitoria de donaciones establecida por la Ley N.º 21.850 vuelve hoy esa discusión especialmente oportuna.

Las razones de esa litigiosidad son conocidas. Cuánto vale una empresa en una reorganización, una participación heredada o una marca transferida entre sociedades son preguntas que con frecuencia terminan en procesos de fiscalización, controversias administrativas o litigios judiciales. Las diferencias de criterio respecto de los métodos, supuestos o antecedentes utilizados pueden derivar en importantes niveles de incertidumbre tanto para los contribuyentes como para la administración tributaria.

La Ley N.º 21.713 modificó el artículo 64 del Código Tributario, modernizando las facultades de tasación del Servicio de Impuestos Internos e incorporando expresamente el concepto de valor de mercado o de plena competencia como parámetro para evaluar determinadas operaciones. Como ocurre cuando la legislación incorpora conceptos de creciente complejidad técnica y económica, surge también la necesidad de contar con criterios que orienten su correcta aplicación.

Por eso, que el SII haya convocado a entidades técnicas y especialistas en valoración para avanzar en un documento que transparente criterios metodológicos constituye una oportunidad que conviene valorar y analizar con atención. Algunas voces lo han interpretado como un exceso de atribuciones, que en la práctica impondría a los contribuyentes un método y una carga probatoria que la ley no exige. Desde el Colegio de Contadores lo vemos, más bien, como un paso hacia algo que el sistema necesita desde hace tiempo: un lenguaje técnico común entre contribuyentes, asesores y fiscalizadores.

Partamos por lo que la iniciativa no hace. No crea obligaciones nuevas para los contribuyentes. El propio servicio, en su circular N.º 23 de 2025 sobre el nuevo artículo 64 del Código Tributario, reconoce que presentar un informe de valoración es optativo y que el contribuyente puede probar sus operaciones por todos los medios que la ley le permite. La libertad probatoria sigue intacta. Tampoco inventa métodos nuevos: flujos de caja descontados, múltiplos comparables, costo de reposición o ahorro de regalías son herramientas que cualquier profesional de las finanzas reconoce y que provienen de las Normas Internacionales de Valuación (IVS) y de las directrices de la OCDE.

La revisión del borrador de la resolución permite advertir que lo que sí hace es ordenar la labor del propio fiscalizador y servir de guía para el contribuyente. La ley faculta al SII para tasar fundadamente una operación cuando existe una diferencia notoria respecto del valor de mercado, y la resolución precisa qué exige, en la práctica, una tasación fundada: justificar el enfoque y el método elegidos, sustentar la razonabilidad de las cifras, explicar el origen de los datos y comparables. En buena medida, estas directrices constituyen también límites y exigencias metodológicas para la actuación del propio servicio. Y la alternativa a contar con criterios conocidos no es más libertad para el contribuyente, sino una mayor discrecionalidad caso a caso.

Chile ya conoce este camino. En precios de transferencia, las directrices de la OCDE existen desde hace décadas y, aun así, el SII dictó instrucciones locales sobre el artículo 41 E de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Nadie sostiene hoy que esa regulación haya desplazado al estándar internacional: la norma local adapta los conceptos a nuestra legislación y orienta su aplicación, mientras que las directrices internacionales entregan el marco general. Los lineamientos de valoración siguen la misma lógica.

Se podrá discutir si la forma adecuada es una circular o una resolución, un debate legítimo por los efectos de cada instrumento, pero que no debiera opacar el de fondo. Y en cuanto al fondo, el texto surge de mesas técnicas transversales, en las que el Colegio de Contadores ha participado activamente para promover soluciones equilibradas entre las potestades fiscalizadoras del SII y los derechos de los contribuyentes.

La experiencia comparada apunta en la misma dirección. La Oficina de Impuestos de Australia publica una guía de valoración para fines tributarios, actualizada en 2022, que explicita qué espera de un informe, qué antecedentes debe contener y cómo evaluará el trabajo del tasador, sin fijar valores ni imponer un método único. En América Latina, Perú avanzó recientemente en una línea similar al incorporar las IVS como referencia expresa para determinados procesos de valoración tributaria y establecer estándares mínimos para los informes técnicos. España ofrece el contraste: su valor de referencia del catastro, vigente desde 2022, opera como una presunción que traslada al contribuyente la carga de desvirtuarlo, y el Tribunal Constitucional lo validó en febrero de este año, precisando que admite prueba en contrario por cualquier medio. El borrador chileno no sigue ese camino: no impone un valor ni una presunción, sino un marco metodológico que obliga al propio fiscalizador y que el contribuyente puede invocar voluntariamente.

La sensibilidad del tema y su impacto en otras normativas muestran que no estamos frente a un desafío sencillo. La regla de que la realidad económica prevalece sobre lo pactado debe acotarse a la correcta identificación de la operación, para evitar confusiones con una recalificación jurídica de actos que nuestro ordenamiento reserva a la aplicación de la norma general antielusión. Del mismo modo, el eventual uso de herramientas provenientes de los precios de transferencia en operaciones entre partes no relacionadas requiere límites claros y una fundamentación técnica suficiente.

Un aspecto que aún merece desarrollo es la definición de estándares mínimos para la elaboración de informes de valoración. Si bien el borrador entrega orientaciones relevantes respecto de los métodos y fundamentos de valoración, existe espacio para avanzar hacia una mayor estandarización de la estructura y del contenido mínimo de estos informes. Muchas controversias, de hecho, no se originan en los métodos aplicados, sino en diferencias respecto de la calidad de los antecedentes, supuestos, revelaciones y análisis utilizados. Avanzar en criterios mínimos de contenido contribuiría a mejorar la evaluación de la razonabilidad de una valoración, facilitar la comparación entre informes y otorgar mayor certeza tanto a contribuyentes como a fiscalizadores.

La utilidad práctica de estos criterios resulta especialmente evidente en materia contenciosa. Más allá de las cifras citadas al inicio, la jurisprudencia deja una enseñanza constante: los tribunales exigen prueba técnica a ambas partes. El SII debe acreditar y fundamentar sus tasaciones, pero el contribuyente también debe sustentar adecuadamente el valor de mercado, no solo el valor pactado. Criterios conocidos le permiten documentar mejor sus operaciones y anticipar eventuales cuestionamientos. Los lineamientos pueden contribuir precisamente a eso: mejorar la prueba que ambas partes presentan, fortalecer el cumplimiento preventivo y, en no pocos casos, evitar que la controversia llegue a tribunales.

Los estándares comunes de valoración adquieren especial relevancia en el contexto de la norma transitoria de donaciones, donde la pregunta fundamental es cuánto vale el patrimonio que se transfiere. En esa materia, contar con criterios de valoración claros, transparentes y técnicamente sustentados no es un detalle accesorio: es una condición esencial para otorgar certeza jurídica, facilitar el cumplimiento y reducir futuras controversias.

En definitiva, la pregunta no es si deben existir lineamientos de valoración tributaria, sino cómo construir los mejores lineamientos posibles. Lineamientos técnicamente sólidos, que sirvan de referencia tanto al fiscalizador como al contribuyente y que respeten los límites que fija la ley, permitirán que la valoración deje de ser un terreno de incertidumbre y se convierta en un espacio de mayor consenso técnico. Reglas conocidas no le restan atribuciones a nadie: le dan certeza a todos. A ese objetivo seguirá contribuyendo el Colegio de Contadores.