por j.c. prado y m.villena
Más presión y solicitudes de información relacionada con eventuales conflictos de interés. Así describen en el mercado la actuación del Área de Control de Empresas Auditoras, unidad de fiscalización creada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y cuyas exigencias ya han marcado, según explican en la industria, ciertas líneas de lo que se les viene encima.
En una de las primeras actuaciones de la entidad - que empezó a funcionar hace unos seis meses- se exigió a las compañías informar los contratos de arriendo de sus oficinas.
Si bien todas respondieron, KPMG, mediante oficio del 26 de octubre, solicitó al regulador que “esta información sea recibida en carácter de oficio reservado, debido a que los contratos de arriendo son transacciones privadas con distintas compañías y no deseamos que esta información, relacionada con costos, condiciones comerciales, metros cuadrados y plazos, sea pública” (no obstante la empresa entregó la información aunque de forma reservada).
La exigencia no es menor. El regulador está indagando en los posibles conflictos de interés de las auditoras. Parte importante de las oficinas que arriendan pertenecen a compañías de seguros, algunas de las cuales son sus clientes. Consorcio Nacional de Seguros, Bice Vida y Mapfre son algunas firmas que arriendan sus oficinas a auditoras.
Desde la industria aclaran que a pesar de ello, no hay conflictos de interés pues los montos involucrados no sobrepasan los límites legales.
La Ley de Gobiernos Corporativos establece que las firmas de auditoría deberán “informar a la entidad auditada, dentro de los dos primeros meses de cada año, si los ingresos obtenidos de ella, por sí sola o junto a las demás entidades del grupo al que ella pertenece, cualquiera sea el concepto por el cual se hayan recibido tales ingresos, e incluyendo en dicho cálculo aquellos obtenidos a través de sus filiales y matriz, superan el 15% del total de ingresos operacionales de la empresa de auditoría externa correspondientes al año anterior”.
Además, desde fines del año pasado la SVS también ha estado solicitando los papeles de trabajo de las firmas respecto de auditorías en particular.
Abriendo los balances
Pero esa no es la única información que el regulador les ha estado solicitando.
Desde una de las cuatro grandes firmas auditoras, explican que la peticiones se han extendido hacia los estados financieros. Si bien el detalle de los ingresos por auditorías y asesorías especificados por empresa y grupo empresarial se entregaba una vez al año, “ahora están solicitando más detalles de la misma información, pues pidieron una mayor apertura detrás de los conceptos. Por ejemplo, hay una partida de otros ingresos, que incluye asesorías tributarias, etc, y han pedido su apertura para ver en qué consisten estas asesorías, así como los detalles respecto de sus ingresos y a quiénes se hicieron”, indica una fuente de la industria.
Además, la misma fuente detalla que “hay un rol fiscalizador que va más allá del trabajo de la auditoría, y que tiene que ver con relaciones comerciales, y temas de financiamiento que se revisará en algún momento determinado. Todos temas relacionados con la independencia”.
Rol fiscalizador
En la industria, explican que uno de los principales problemas que han visto en este nuevo rol de la SVS, son los plazos en que deben responder.
“Hoy nos fuimos a un extremo porque está bien la fiscalización, pero no hay por qué asfixiar a las compañías con plazos muy breves”, dicen desde una auditora.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Auditoras
