Una serie de nuevas diligencias fueron solicitadas a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por los abogados del empresario Julio Ponce, esto en el marco de la disputa que mantiene con los accionistas minoritarios de las llamadas sociedades cascada.
Así, el documento, firmado por los abogados Raimundo Labarca y Alejandro Parodi, pide investigar a una serie de ejecutivos de las AFP y Moneda, a quienes acusan de haber “ideado y liderado” la campaña de desprestigio y hostigamiento en contra de sus sociedades.
Entre los aludidos figura el presidente de Moneda, Pablo Echeverría; el presidente de Habitat, José Antonio Guzmán; el gerente de inversiones de Habitat, Alejandro Bezanilla, además de los gerentes generales de Provida y Capital, Ricardo Rodríguez y Eduardo Vildósola, respectivamente. Además, se pide incluir en la investigación como personas jurídicas a Moneda Asset Management, AFP Provida y AFP Habitat y AFP Capital.
Los abogados de Ponce presentaron el requerimiento en respuesta al oficio ordinario N° 13.031 de la SVS, que le solicitaba circunscribir su acusación a “personas y/o hechos particulares y determinados”, y que fuera enviado por el regulador luego de la solicitud, por parte de Norte Grande, de ampliar la investigación en la que dicha sociedad acusaba a Consorcio y Moneda.
En esta nueva petición, la sociedad de Ponce acusa a los ejecutivos citados de liderar una “verdadera campaña de cuestionamientos y acusaciones públicas en contra de Norte Grande y sus sociedades filiales, que produjo un impacto negativo en el valor de la cotización de las acciones de dichas compañías”.
Más diligencias
Por lo anterior, se pide al regulador investigar el “origen y objetivos de la campaña de acusaciones y cuestionamientos”, además de todas las transacciones con acciones de Norte Grande u Oro Blanco, desde el mes de enero de 2012 en adelante, Así como citar a declarar a Pablo Echeverría y a José Antonio Guzmán.
Esto porque a su juicio, “resulta abiertamente inconsistente” aparecer públicamente denunciando a la cadena de control y sus operaciones, “pero solapadamente seguir transando con acciones de dichas sociedades”.
En esa misma línea, en el documento se agrega que la existencia de dichas transacciones bursátiles “acreditaría que la campaña -ciertamente infundada- no es otra cosa que un mecanismo artificioso o fraudulento destinado a inducir o intentar inducir la compra o venta de valores (...) con la ilegítima finalidad de presionar por una fusión a la que estos accionistas institucionales no tienen derecho”.
Por lo anterior, los abogados pidieron a la Superintendencia que oficie a la Bolsa de Comercio de Santiago y a la Bolsa Electrónica para que informen sobre las operaciones desde inicios de 2012.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
regulador
