Por Jimena Catrón Silo
Uno de los activos más estratégicos para los banqueros, la red de cajeros automáticos, se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza en el último tiempo. La razón: se encuentran en plena negociación de tarifas, lo que ha dividido en dos bandos a la industria. Por un lado, aquellos que cuentan con las redes más grandes, que son los principales bancos del país; y por otro lado los que por ser más pequeños, no tienen una red suficiente para atender de forma íntegra las necesidades de operación de sus clientes.
Actualmente, el banco dueño del cajero cobra una comisión a la institución emisora de la tarjeta, la que es definida en función de acuerdos bilaterales entre los actores, los que no son conocidos por el mercado. Y estos cobros no representan poco dinero, aseguran fuentes de la industria, considerando las millones de transacciones al día y los millones de dólares girados desde los cajeros automáticos de la banca.
El problema radica en que desde la última negociación -hace tres años-, las tarifas propuestas este año superan con creces lo que todos están dispuestos a pagar.
Según comentaron altos ejecutivos de distintas instituciones, existe molestia entre aquellos con redes más pequeñas debido a que ha habido cierta “intransigencia” de parte de algunas entidades para negociar los cobros. Esto, a pesar que los contratos pasados ya vencieron y no se ven mayores avances en las conversaciones.
La idea, según explicaron, es que se llegue a un acuerdo de cobrar una tarifa única, igual para todos, y en la que no entren en juego variables como el banco dueño, ubicación y antigüedad del cajero. De esta forma se evitaría una “canibalización” entre los competidores.
Compás de espera
El problema sigue en un tenso compás de espera. Según señalaron fuentes del sector, Redbanc pidió a los bancos que informaran las comisiones que cobran, ya que eventualmente se haría un estudio al respecto. Además, se habría facultado a esta sociedad para que pueda suscribir acuerdos con nuevos emisores en nombre de los propietarios, respetando las tarifas de cada uno.
El problema, señalan la fuentes, es que no existe ninguna instancia -ya sea la Asociación de Bancos ni la Superintendencia del sector- que sirva de mediador o que fije ciertos parámetros para que esta negociación llegue a buen puerto.
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