Con 54 votos a favor y uno en contra, la Sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación al Proyecto de Acuerdo 497, que solicita al Presidente de la República que suprima el impuesto específico a los combustibles o, en caso contrario, considerar la implementación de un sistema de subsidios directos y permanentes para los sectores más afectados por las fluctuaciones del precio de los combustibles, especialmente quienes utilizan los vehículos como herramienta de trabajo.
El proyecto fue impulsado por la diputada Andrea Molina (UDI), quien recordó que el impuesto específico a los combustibles tiene su origen en la otrora necesidad de paliar las dañinas consecuencias que suscitó el terremoto del año 1985, en atención a la vasta destrucción de los caminos y carreteras de nuestro país.
“Atendida la urgencia de aquella época y reconociendo en el Fisco de Chile la capacidad para solucionar los apremiantes problemas de conectividad y otros de similar índole, en la actualidad dicho gravamen no cumple con los fines y causa por los que fue ideado. Las grandes inversiones en infraestructura vial hoy por hoy son producto de concesiones que, en la práctica, importan una doble carga para los usuarios, pues soportan el peso del impuesto que grava a los combustibles y los costos propios de transitar por las carreteras concesionadas, con lo cual este impuesto ha perdido legitimidad”, señaló la parlamentaria.
La diputada hizo referencia a los diversos mecanismos creados por las autoridades para contener las fluctuaciones de los precios de los combustibles (el FEPP, de 1991; el FEPCO, de 2006; y más recientemente el SIPCO, en 2011), enfatizando que ello evidencia que el legislador ha entendido la necesidad de proteger a los sectores productivos de estas contingencias, así como sus repercusiones en el presupuesto de las familias, en calefacción, electricidad, cocina, etc..
“Desafortunadamente el Fisco percibe ingresos sin atender a la persona del contribuyente, pues no distingue el origen de tales recursos, tratándose de un impuesto transversal, que acentúa las desigualdades sociales, pues aplica una misma tasa a consumidores con distintas posiciones económicas”, indicó la congresista.
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