POR ERIC ROBLEDO
La reforma de garantías mobiliarias que organismos como la OEA, la ONU, el BID y el Banco Mundial han estado promoviendo por casi una década en más de 140 países está nuevamente intentando cobrar un espacio relevante en el debate financiero en Chile.
Recientemente, el director general de Comercio Internacional de J.P. Morgan, Michael Quinn –quien es el principal lobista del banco para el impulso de la reforma a nivel mundial– se reunió con banqueros y con representantes del gobierno para discutir algunas de las ventajas que dicho sistema generaría para el acceso al financiamiento de las empresas del país, especialmente las de menor tamaño.
“Uno de los desafíos en Chile es que no existe un catalizador para monetizar los activos de las empresas medianas y pequeñas y en la legislación actual no hay nada que incentive a un banco a prestar basado en esos activos”, señala Quinn.
Y es que uno de los puntos centrales de la reforma es precisamente la posibilidad para los bancos de ejecutar y liquidar las garantías mobiliarias puestas como colateral en caso de un default de la empresa.
La realidad local es que pese a que con la reforma MKII desde el año pasado existe un sistema de registros de prendas sin desplazamiento (mobiliarias), dichos activos no se pueden ejecutar extrajudicialmente, por lo que el registro tiene poco valor práctico a la hora de ampliar el financiamiento.
“En Chile existe la prenda, pero sólo se puede ejecutar a través de un litigio, así que en vez de asegurar el activo del cual podrías tomar posesión en el evento de un default, este debe ir a litigio y eso toma tiempo”, explica Quinn.
La desventaja para las PYME, agrega, se traduce en que los bancos se ven restringidos en poder asegurar un colateral frente a los créditos que otorgan, por lo que su penetración bancaria en dicho segmento no funciona al nivel potencial que podría alcanzar con dicho resguardo.
Para Quinn, “todo el concepto de tener posesión de los activos definitivamente mejora el apetito por riesgo hacia un prestatario”.
Dicha reforma, además, potenciaría “aquellas transacciones de financiamiento a proveedores entre países, donde los compradores están fuera de Chile y los proveedores son locales”.
De ahí el interés de J.P. Morgan, que intenta tener la misma protección en Chile que la que existe en otros países, “asegurando nuestros derechos como acreedores en las cuentas por cobrar”, dice Quinn.
Una tendencia internacional
En 1994, cuando Canadá, EEUU y México comenzaban el NAFTA, iniciaron un trabajo para buscar alternativas que facilitaran a las PYME de México acceder a las facilidades de crédito que tenían sus pares en los otros dos países.
El resultado fue la fórmula de garantías mobiliarias, que hoy es aplicable a todos los países de las economías emergentes, incluyendo a muchos de la región.
Entre ellos, según Quinn, Honduras es por lejos el país que cuenta con la mejor legislación que permite la utilización de garantías mobiliarias, dado que tiene un buen registro de ellas y un buen respaldo para su ejecución extrajudicial. Colombia este año ingresó al Congreso una ley que avanza en esa dirección.
En los últimos dos años el tema ha cobrado mayor relevancia dado que el ranking Doing Business del Banco Mundial incorporó el respaldo legal de garantías mobiliarias como uno de sus criterios para evaluar el acceso al crédito de las empresas en los países que evalúa.
En esta categoría Chile está en séptimo lugar, siendo superado por Guatemala, Honduras, Perú, Puerto Rico, México y Trinidad y Tobago.
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