El presidente de Bolivia, Evo Morales, decidió nacionalizar a la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), filial de las españolas Abertis y Aena, que administra los tres aeropuertos más grandes del país, acusándola de no haber hecho suficientes inversiones.
“Venimos a emitir este decreto supremo para recuperar una empresa más para el Estado Plurinacional de Bolivia”, afirmó Morales durante un acto en Cochabamba, donde está la sede de Sabsa.
El gobernante recalcó que la compañía no cumplió con las inversiones prometidas para ampliar los aeropuertos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y criticó los “sueldos exorbitantes” que percibían sus ejecutivos.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, dijo que la empresa ejecutó un plan de inversión entre 1997 y 2005, pero a partir de ese año hizo otras inversiones que “no sobrepasan de los US$ 6 millones”. Sabsa había ofrecido invertir
US$ 36 millones en los próximos nueve años, pero el Ejecutivo consideró “insuficiente” esa cifra y pidió a la empresa una inversión de US$ 56 millones, citó Efe.
Sabsa se convirtió en la sexta firma española que pasa a manos de Bolivia en menos de un año. En mayo Morales nacionalizó una filial de Red Eléctrica de España (REE) y en diciembre otras cuatro de Iberdrola, por las que aún no hay una compensación económica.
Al igual que en anteriores expropiaciones, se dispuso también que la compensación provenga de una tasación realizada por una empresa independiente. Por su parte, Abertis (dueña del 90% de Sabsa) acotó que respeta la decisión de Morales, “siempre que se lleve a cabo conforme a los principios internacionales de derecho”, y que confía en lograr “una compensación adecuada”. Añadió que la expropiación de Sabsa tendrá un impacto nulo en sus cuentas, mientras que la acción cerró con una caída de 1,40% en Madrid.
Advertencia española
Ante el anuncio, España indicó que no se quedará de brazos cruzados. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, advirtió a Bolivia que la expropiación “tendrá consecuencias sobre las relaciones bilaterales”, y no descartó una respuesta por parte de la Unión Europea. “Estudiaremos todas las medidas que haya que adoptar tanto a nivel bilateral como la posibilidad de reclamar la solidaridad de nuestros socios de la Unión”, aseveró García-Margallo.
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